FeSP-UGT defenderá por todas las vías sus propuestas para los empleados públicos

UGT ha reiterado la necesidad de alcanzar un pacto de legislatura para recuperar, de manera progresiva, el poder adquisitivo perdido durante la crisis.

 

EL RÉGIMEN ESPECIAL DE ILLES BALEARS, UNA OPORTUNIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (I) y (II)

EL RÉGIMEN ESPECIAL DE ILLES BALEARS, UNA OPORTUNIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (I)

De dónde venimos, cómo estamos:

En las Illes Balears sufrimos un déficit importante en la plantilla de la Administración General del Estado (AGE), que puede cifrarse en el 26%, en comparación con la media de Comunidades Autónomas; es decir, harían falta unos 1000 trabajadores más para poder equipararnos a  la media. Este dato significa que nos encontramos a la cola del Estado en cuanto a dotación de personal para la AGE, lo que provoca una serie de problemas que repercuten en la calidad de los servicios públicos (DNI, seguridad social, empleo, sanidad exterior, catastro, etc.), que afecta negativamente al desarrollo económico y social de la Comunidad Autónoma y que, al mismo tiempo, genera una sobrecarga de trabajo e incremento de estrés para las empleadas y los empleados públicos afectados.

Para la UGT esta es una situación inadmisible, generada por  la combinación de una restrictiva política de personal del Estado y por el efecto de la insularidad, lo que se traduce sobre todo en un mayor coste de vida y de la vivienda, además de una serie de factores desfavorables: la dificultad de desarrollo personal, familiar, profesional, formativo, etc.

El resultado de estos factores son unas plantillas no adaptadas a las necesidades laborales y, lo que es más grave, la resistencia de los empleados públicos a aceptar un destino en las islas, las situaciones de renuncia o las peticiones de traslado, siendo el déficit de trabajadores públicos una constante lamentable.

Por otra parte, es importante destacar que la situación económica actual de los empleados públicos se ha agravado por el incremento desproporcionado del precio de la vivienda. Sin olvidar que el 36% del personal de la Administración central tiene más de 55 años,  lo que tendrá un impacto demoledor sobre la plantilla de Illes Balears a corto y medio plazo. Si las dificultades para cubrir los puestos de trabajo no se solventan de manera urgente, se va a entrar en una situación de emergencia, con la pérdida del número de empleados públicos y de las competencias y talento propios de los perfiles de más edad.

Los empleados públicos, como el resto de trabajadoras y trabajadores, tenemos derecho a  alcanzar la misma calidad de vida que la que se disfruta en cualquier Comunidad Autónoma, tanto en el nivel adquisitivo como en las condiciones laborales y los residentes en Illes Balears tenemos derecho a disfrutar de unos servicios públicos equiparables a los del resto del Estado.

Es fundamental recordar que los empleados públicos somos una garantía para el ejercicio de las libertades y los derechos de la ciudadanía, estamos a su servicio  y, por lo tanto, somos merecedores de una especial atención y protección.

Con el fin de paliar o corregir los efectos negativos de la insularidad, ya en 1965 se creó el complemento de “Indemnización por Residencia”, de carácter compensatorio y no retributivo, pero actualmente no da respuesta a las necesidades reales y carece de una base objetiva para su cálculo y distribución, lo que genera situaciones de agravio comparativo. Así, por ejemplo, en Canarias, Ceuta y Melilla, con un coste de vida inferior y una menor carga fiscal, los empleados de la AGE perciben unas cuantías superiores a los de Illes Baleares hasta en un 750%, lo que puede llegar a suponer una diferencia de 980 € mensuales para personal con  25 años de antigüedad. Es decir, un trato discriminatorio e injustificado para IIles Balears y sus empleados públicos.

El Gobierno de España debe garantizar que las medidas de fomento derivadas del hecho insular, o compensatorias por la lejanía o la falta de continuidad territorial con la Península, adoptadas con el archipiélago canario o con otros territorios extrapeninsulares del Estado, también sean de aplicación a Illes Balears.

En definitiva, vivimos una situación que debe ser revertida. Resulta intolerable que las empleadas y empleados públicos deban suplir el déficit del 26% de la plantilla, con los consiguientes estrés y carga de trabajo, o que los centros de trabajo, con frecuencia no cumplan con la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Es igualmente inadmisible que la ciudadanía vea demoradas sus gestiones por falta de personal, sufriendo colas y esperas inexistentes en otros puntos del Estado.

Es evidente que nos encontramos ante un problema laboral y social ante el que la UGT actúa con todos los medios a nuestro alcance para su resolución. Ahora bien, también se trata de un problema de desigualdad entre territorios del Estado que requiere la implicación de toda la sociedad balear, especialmente de las fuerzas políticas que tienen la obligación de velar por el bienestar de la ciudadanía de Illes Balears.

 

EL RÉGIMEN ESPECIAL DE ILLES BALEARS, UNA OPORTUNIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (II)

En qué trabajamos, los objetivos:

En la primera parte de este artículo denunciamos el abandono de la Administración General del Estado (AGE) en Illes Balears, agudizado por el hecho de la insularidad, y su repercusión sobre la calidad del servicio público y el bienestar laboral y social de las empleadas y empleados públicos.

Ante la situación existente, elaboramos, conjuntamente con los responsables federales de la UGT en el ámbito AGE, un documento de análisis y propuestas que se presentó a la sociedad Balear, a la Delegación del Gobierno y a todos los grupos parlamentarios de Illes Balears, con el fin de que impulsen las acciones políticas adecuadas para solventar el problema. Pero así como hemos obtenido una respuesta favorable por parte de la Delegada del Gobierno, que se ha comprometido a trabajar  para conseguir la actualización del complemento, la respuesta de las fuerzas políticas ha sido realmente desalentadora, al quedar reducida a una propuesta de resolución que finalmente no ha sido consensuada, bloqueada especialmente por los partidos de ámbito estatal.

A pesar de este primer tropiezo seguiremos trabajando, tanto en Illes Balears como en Madrid, para conseguir su implicación en un futuro cercano, porque la ciudadanía tiene derecho a disfrutar de unos derechos sociales equiparables  independientemente de allí donde vivan. Si el coste de proveer estos servicios públicos es superior en los territorios relativamente pequeños, aislados y distantes, como es el caso de Illes Balears, es aquí donde entra el artículo 138 de la Constitución que reconoce las desventajas propias de la insularidad como constitutivas de un hecho diferencial que se tiene que tener en cuenta con el objeto de establecer un adecuado y justo equilibrio económico interterritorial.

Tanto el hecho insular como los desequilibrios que éste supone deben ser contrarrestados mediante la acción armonizadora del Estado y en este caso el Régimen Especial de les Illes Balears (REIB) debe ser la herramienta para hacer realidad el mandato constitucional  relativo a la especificidad del hecho insular, estableciendo, sin suponer ningún tipo de privilegio, medidas conducentes a la corrección de las desventajas explícitamente reconocidas en la Carta Magna.

En el momento actual se está impulsando un nuevo REIB. En la UGT consideramos que es el momento oportuno para  incorporar la actualización del complemento  de Indemnización por Residencia en las medidas que va a contemplar, lo que supondrá dotar el complemento de un método de cálculo objetivo y de la garantía en su actualización, finalizando con la arbitrariedad y desigualdad existente.

Incorporar el complemento entre la medidas del REIB supondráuna compensación económica por la insularidad, el desarrollo social y económico de las Illes Balears,  la mejora de la calidad de los Servicios Públicos de la AGE, la mejora de la calidad de vida de los empleados públicos y una compensación del esfuerzo que supone llevar a cabo la misma carga de trabajo que los compañeros del resto del Estado con un 26% menos de personal.

Por todo lo anterior, hemos solicitado formalmente a la Conselleria de Hisenda i Administracions Públiques que incorpore, para su negociación con el Estado, el complemento de Indemnización por Residencia entre las medidas que plantee el nuevo REIB.

Hasta la fecha ninguna Institución u Organización nos ha expresado su discrepancia con nuestros planteamientos, pero tampoco se han tomado las medidas oportunas para solventar esta desigualdad. Más allá de las buenas palabras, ningún partido político ha adquirido un compromiso explicito y firme al respecto. Ya es hora de terminar con esta discriminación.

 

Tenemos la razón y la herramienta, ahora tenemos la oportunidad. Estamos seguros de que contamos con el apoyo de todos los empleados públicos y de la sociedad Balear y continuaremos trabajamos para conseguir el apoyo y la acción firme de los todos los partidos políticos, tanto los de ámbito insular como estatal, para acabar con esta discriminación. Es de justicia.

De dónde venimos, cómo estamos:

En las Illes Balears sufrimos un déficit importante en la plantilla de la Administración General del Estado (AGE), que puede cifrarse en el 26%, en comparación con la media de Comunidades Autónomas; es decir, harían falta unos 1000 trabajadores más para poder equipararnos a  la media. Este dato significa que nos encontramos a la cola del Estado en cuanto a dotación de personal para la AGE, lo que provoca una serie de problemas que repercuten en la calidad de los servicios públicos (DNI, seguridad social, empleo, sanidad exterior, catastro, etc.), que afecta negativamente al desarrollo económico y social de la Comunidad Autónoma y que, al mismo tiempo, genera una sobrecarga de trabajo e incremento de estrés para las empleadas y los empleados públicos afectados.

Para la UGT esta es una situación inadmisible, generada por  la combinación de una restrictiva política de personal del Estado y por el efecto de la insularidad, lo que se traduce sobre todo en un mayor coste de vida y de la vivienda, además de una serie de factores desfavorables: la dificultad de desarrollo personal, familiar, profesional, formativo, etc.

El resultado de estos factores son unas plantillas no adaptadas a las necesidades laborales y, lo que es más grave, la resistencia de los empleados públicos a aceptar un destino en las islas, las situaciones de renuncia o las peticiones de traslado, siendo el déficit de trabajadores públicos una constante lamentable.

Por otra parte, es importante destacar que la situación económica actual de los empleados públicos se ha agravado por el incremento desproporcionado del precio de la vivienda. Sin olvidar que el 36% del personal de la Administración central tiene más de 55 años,  lo que tendrá un impacto demoledor sobre la plantilla de Illes Balears a corto y medio plazo. Si las dificultades para cubrir los puestos de trabajo no se solventan de manera urgente, se va a entrar en una situación de emergencia, con la pérdida del número de empleados públicos y de las competencias y talento propios de los perfiles de más edad.

Los empleados públicos, como el resto de trabajadoras y trabajadores, tenemos derecho a  alcanzar la misma calidad de vida que la que se disfruta en cualquier Comunidad Autónoma, tanto en el nivel adquisitivo como en las condiciones laborales y los residentes en Illes Balears tenemos derecho a disfrutar de unos servicios públicos equiparables a los del resto del Estado.

Es fundamental recordar que los empleados públicos somos una garantía para el ejercicio de las libertades y los derechos de la ciudadanía, estamos a su servicio  y, por lo tanto, somos merecedores de una especial atención y protección.

Con el fin de paliar o corregir los efectos negativos de la insularidad, ya en 1965 se creó el complemento de “Indemnización por Residencia”, de carácter compensatorio y no retributivo, pero actualmente no da respuesta a las necesidades reales y carece de una base objetiva para su cálculo y distribución, lo que genera situaciones de agravio comparativo. Así, por ejemplo, en Canarias, Ceuta y Melilla, con un coste de vida inferior y una menor carga fiscal, los empleados de la AGE perciben unas cuantías superiores a los de Illes Baleares hasta en un 750%, lo que puede llegar a suponer una diferencia de 980 € mensuales para personal con  25 años de antigüedad. Es decir, un trato discriminatorio e injustificado para IIles Balears y sus empleados públicos.

El Gobierno de España debe garantizar que las medidas de fomento derivadas del hecho insular, o compensatorias por la lejanía o la falta de continuidad territorial con la Península, adoptadas con el archipiélago canario o con otros territorios extrapeninsulares del Estado, también sean de aplicación a Illes Balears.

En definitiva, vivimos una situación que debe ser revertida. Resulta intolerable que las empleadas y empleados públicos deban suplir el déficit del 26% de la plantilla, con los consiguientes estrés y carga de trabajo, o que los centros de trabajo, con frecuencia no cumplan con la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Es igualmente inadmisible que la ciudadanía vea demoradas sus gestiones por falta de personal, sufriendo colas y esperas inexistentes en otros puntos del Estado.

Es evidente que nos encontramos ante un problema laboral y social ante el que la UGT actúa con todos los medios a nuestro alcance para su resolución. Ahora bien, también se trata de un problema de desigualdad entre territorios del Estado que requiere la implicación de toda la sociedad balear, especialmente de las fuerzas políticas que tienen la obligación de velar por el bienestar de la ciudadanía de Illes Balears.

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