UGT solicita a la presidenta del Govern su intervención en el problema del complemento de insularidad

La Federación de Servicios Públicos de UGT en las Islas Baleares, mediante una carta dirigida a la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, le ha solicitado su intervención para la resolución de los problemas derivados de la deficiente actualización del complemento de indemnización por residencia en la Administración General del Estado.

Le recuerda en el escrito que la situación de degradación de la calidad de los servicios públicos prestados en la Comunidad Autónoma de les Illes Balears por parte de la Administración General del Estado (AGE) y las condiciones personales, familiares y laborales de las empleadas y empleados públicos a su servicio, ha alcanzado actualmente niveles intolerables.

Explica que los casos de Ibiza, Menorca, administración de justicia, instituciones penitenciarias, etc. que tal vez son los más notorios, lamentablemente no son los únicos, ya que en todas las islas y servicios se dan problemas de dotación de plantillas, motivados por la renuncia o traslado voluntario del personal de la AGE, que no puede asumir el elevado coste de la vida y los inconvenientes derivados de la insularidad.

Prosigue el escrito manifestando que la UGT es plenamente consciente de que la gestión de los servicios del Estado no son competencia de la Sra. Armengol, pero que sin embargo, como Presidenta del Gobierno y Secretaria general del PSIB-PSOE, tiene la responsabilidad y el deber de trabajar para que la ciudadanía de las Islas Baleares disfrute de unos derechos, servicios públicos y calidad de vida equiparable a la del resto del Estado.

UGT, que lleva años reclamando una solución a esta situación, considera que, una vez que ha conseguido el apoyo de todos los partidos políticos de Illes Balears para la reivindicación de un complemento de insularidad objetivo y digno, ahora es el momento de aprovechar la situación política favorable, derivada del cambio de gobierno, para hacer llegar a través de las vías institucionales y políticas este problema al Gobierno del Estado y conseguir una solución definitiva basada base a criterios objetivos.

UGT confía en que esta vez sí se le dará la respuesta necesaria, pero que en caso contrario reforzará sus actuaciones a partir del próximo mes de setiembre, al tratarse de una discriminación intolerable hacia la ciudadanía de Illes Balears y hacia el personal de la AGE.

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