UGT denuncia que el IbSalut "recorta" permisos y "dificulta" la conciliación de su personal

La UGT viene denunciando la restrictiva e incoherente política de permisos del IB-Salut. Esta circunstancia se debe a la incapacidad y falta de voluntad del IB-Salut para alcanzar un acuerdo en una materia tan sensible como esta en los tres años y medio que llevan gestionando el Servei de Salut los actuales responsables.

La falta de normativa que regule los distintos supuestos que se pueden dar en este tema hace que no haya un criterio unificado sobre permisos y licencias en el IB-Salut, dándose la circunstancia de que el mismo permiso, con las mismas características y solicitado por idénticas circunstancias, puede ser concedido sin ningún problema en un hospital y denegado de forma tajante en otro, o puede, por ejemplo, ser concedido en un servicio de un hospital y denegado en otro servicio del mismo hospital, todo depende de la interpretación subjetiva y personal del responsable de su concesión. Esta insostenible e injusta situación ha sido ha puesta en conocimiento de los responsables del IB-Salut en innumerables y reiteradas ocasiones, a pesar de lo cual, la falta de una actuación seria del IB-Salut para solucionarlo hace que en estos momentos haya varios casos que están pendientes de sentencia, tras las correspondientes demandas planteadas por los servicios jurídicos de la UGT en defensa de afiliadas y afiliados al sindicato.

Los casos van desde la operativa de denegación de permisos vía telemática y de forma automática, en cuestión de segundos, a la negativa por parte de los responsables en materia de personal a firmar las solicitudes de permisos.

A estas actuaciones, con procedimientos que vulneran claramente los derechos del personal, hay que sumar el permiso que más agravios comparativos está generando, este es el permiso por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar, permiso que puede suponer en la práctica el 85% del total de solicitudes de permisos que realizan los trabajadores y trabajadoras del IB-Salut.

La problemática fundamental es la definición de “grave” que aplica el IB-Salut.

Como ejemplo, se deniega el permiso cuando el ingreso por parto de un familiar cuando las complicaciones del mismo obligan a la realización de una cesárea, ya que entienden que ese ingreso hospitalario no deriva de un proceso patológico, es decir, hay ingreso e intervención quirúrgica, el paciente necesita cuidados, pero como no lo consideran un proceso patológica no dan el permiso al personal cuyo familiar está intervenido quirúrgicamente y permanece ingresado en sus propios centros o ajenos.

El problema se genera cuando el artículo que regula este permiso se aplica de forma restrictiva y contraria a la conciliación familiar y personal, y si en el informe médico no pone “grave” no se autoriza el permiso. Es una situación absurda, porque una apendicitis, una fractura de cadera, un ictus, o un parto por cesárea, por poner algunos ejemplos, son procesos serios que pueden tener más o menos complicaciones, pero en el ámbito sanitario no son enfermedades consideradas graves,  la posibilidad de justificar el permiso se convierte en misión imposible en el 99,9% de los casos, por no decir en el 100%.

Al comienzo de esta legislatura una instrucción interna solventaba el problema en una parte de los casos, ya que consideraba con carácter general que el ingreso hospitalario o la intervención quirúrgica tenían la consideración de “proceso grave” y por tanto, se facilitaba el permiso.

Sin embargo el actual IB-Salut del “retorno de derechos”, anuló esa instrucción y está recortando ese derecho a su personal. Actualmente una cesárea realizada en el quirófano, con anestesia general incluida, puede denegarse por no tener la consideración de intervención quirúrgica o ingreso hospitalario; la permanencia de varios días en el servicio de urgencias de un hospital, en observación o retenido por falta de camas en planta, no se considera un ingreso hospitalario; la intervención de un hijo menor de edad o de una persona anciana a la que se ha realizado una intervención quirúrgica por cirugía mayor ambulatoria, tampoco generan permiso a pesar de necesitar el cuidado y la asistencia directa de un familiar en el domicilio (ingreso domiciliario) tras la intervención.

Ante la falta de normativa clara sobre la regulación de permisos, tanto desde el IB-Salut como desde las propias Gerencias, se vienen publicando un rosario de Instrucciones de permisos, que como notas aclaratorias sin valor normativo intentan establecer un criterio único sobre cada caso concreto, criterio que va mutando con el tiempo y el paso de las distintas administraciones, hasta contradecirse unas con otras, y así llegamos a la situación actual, en la que cada Gerencia, cada responsable de RRHH, cada jefe/a de servicio o cada coordinador/a aplican su criterio personal sobre las solicitudes de permisos.

Otro ejemplo es el caso de las enfermedades crónicas, como el cáncer, supuesto para el que en la anterior legislatura se publicó una instrucción en la que se concedían dos permisos anuales por el mismo familiar con el mismo diagnóstico, y se valoraba la posibilidad de conceder un tercero, y que la Administración actual, que dice ser “más sensible y social que las anteriores” mediante la pertinente instrucción de permisos, redujo a un único permiso de por vida cuando se trata del mismo familiar y el mismo diagnóstico. 

En el Servei de Salut de les Illes Balears, al contrario que en el resto de Servicios Sanitarios Autonómicos, nunca se ha logrado alcanzar un acuerdo de permisos y licencias, a pesar de ser uno de los temas que está permanentemente sobre la mesa de negociación desde las transferencias sanitarias a la Comunidad Autónoma de Baleares, allá por el año 2001, por lo que los permisos del personal estatutario de la Sanidad Pública se regulan por un acuerdo de permisos de 1993 de ámbito nacional alcanzado con el desaparecido INSALUD y con la normativa estatal sobre la materia, el Estatuto Marco de los Servicios de Salud y Estatuto Básico del Empleado Público, que son normas de mínimos.

Al final de la pasada legislatura se alcanzó un acuerdo unánime cuyos trámites no se concluyeron, el mencionado acuerdo se alcanzó tras un largo proceso de negociación, pero llegaron las elecciones autonómicas y como suele pasar en este y en algunos otros procesos de negociación, con el cambio de gobierno volvimos  a la casilla de salida. Fue uno de los temas urgentes que se le plantearon tanto al IB-Salut, como a las Conselleras de Salut y Hacienda y Administraciones Públicas al comienzo de la actual legislatura, la negociación se inició de nuevo con esta Administración hasta alcanzar un nuevo acuerdo, en el que se introducían las modificaciones y los supuestos antes señalados, pero de forma sorprendente y en una interpretación muy particular de lo que es la negociación colectiva del personal de la sanidad pública de Baleares, una vez alcanzado el acuerdo con las organizaciones sindicales, el IB-Salut pasa el acuerdo a sus Gerencias para que modifiquen, añadan o supriman todo lo que consideren oportuno antes de su aprobación en la Mesa Sectorial de Sanidad, y volvemos a la casilla de salida nuevamente.

Para los responsables sanitarios el problema básicamente es el tema económico, “los permisos cuestan dinero” y deben de considerar que esto justifica el trato discriminatorio y desigual que aplica el IB-Salut a su personal con respecto a otras administraciones del Govern Balear y los agravios comparativos entre las propias gerencias del IB-Salut.

Esta situación, ocasionada por la total inoperancia del IB-Salut en esta materia durante los tres años y medio que dura esta legislatura, hace que en nuestro servicio sanitario público haga falta con urgencia un acuerdo que concrete y establezca unos criterios coherentes, claros y homogéneos para que todo el personal del IB-Salut disfrute de los mismos derechos en materia de permisos y conciliación de la vida laboral y familiar.

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